El Salvador ofrece una salida legal para el embarazo inviable de Beatriz

Manifestación en México DF en apoyo a la salvadoreña Beatriz. / Henry Romero (Reu

El Gobierno de El Salvador abrió ayer por la tarde una puerta a la esperanza para Beatriz, la joven salvadoreña cuyo embarazo de un feto inviable pone en grave riesgo su vida. A pesar de la denegación de amparo del Constitucional salvadoreño, al que la mujer había recurrido para que se le permitiera abortar —una práctica prohibida en ese país—, el Ministerio de Salud cree que existen vías legales para que los médicos puedan intervenirla. “Vamos a preservar la vida de esta mujer a como dé lugar”, afirmó ayer la ministra de Salud de El Salvador, María Isabel Rodríguez, a EL PAÍS. Rodríguez explicó que el Constitucional deniega la petición de aborto por considerarlo contrario a su Carta Magna; pero que en el caso de que la salud de la mujer empeore y debido a que está ya en la semana 25 de gestación se le podría inducir un parto. “No estamos trabajando para la destrucción del feto, pero sus condiciones se han demostrado incompatibles con la vida”, incidió.

El Gobierno de Mauricio Funes trata de buscar una salida para el caso de la mujer que ha puesto la defensa de los derechos humanos de El Salvador en el punto de mira. Y ha encontrado sustento en el derecho internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió ayer a las autoridades del país que inicien “de manera urgente todas las medidas que sean necesarias y efectivas” para que los médicos puedan “evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables en la vida, integridad personal y salud” de la joven. La resolución de este órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no solo es vinculante; también es histórica: es la primera vez que se pronuncia sobre un caso de aborto, por lo que sienta un precedente muy relevante en la región. El dictamen, por tanto, es importante; pero lo es más la intención del Gobierno de dar amparo a Beatriz. Porque a pesar de que El Salvador debería acatar el dictamen de la Corte de la OEA, podría eludirlo y hacerlo inefectivo con solo dilatar los plazos.

Condenado el CatSalut por el suicidio de un paciente tras recibir el alta

Un juzgado ha condenado al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) a indemnizar con 94.000 euros a la familia de un paciente esquizofrénico que se suicidó poco después de recibir el alta del servicio de psiquiatría del hospital Santa Caterina, de Salt (Girona). El centro envió al hombre, de 40 años, en ambulancia hasta la casa familiar, aunque los padres del enfermo habían mostrado su desacuerdo con la decisión del hospital. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Barcelona considera que se produjo un “anormal funcionamiento de los servicios sanitarios”.

El hombre, que sufría también un trastorno mixto de la personalidad, había intentado quitarse la vida el día anterior a su muerte lanzándose contra un vehículo, por lo que fue atendido en el ambulatorio de Llancà, desde el que le derivaron al hospital de Salt, donde ingresó a las 4.30 del 6 de julio de 2008. El personal de guardia decidió darle de alta ese mismo día, a pesar de que había estado ingresado antes dos veces en el mismo centro. Al llegar a casa, hirió a su padre con una banqueta. Luego se tiró desde el tejado de una casa cercana, lo que le causó la muerte. La hermana y el padre reclamaron ante el CatSalut, pero la Generalitat consideró que la asistencia había sido correcta. El fallo puede ser recurrido.

Testamento vital a la carta

Unidad de paliativos del hospital Virgen Macarena de Sevilla. / JULIÁN ROJAS

Andalucía ha dado una vuelta de tuerca más a su regulación de la muerte digna. Hace tres años la comunidad fue pionera en legislar sobre este asunto (la han seguido Aragón y Navarra), pero ayer anunció un paso más: la llamada Planificación Anticipada de Decisiones, un documento que funcionará como un testamento vital personalizado en el que los médicos registrarán los deseos y las preferencias que cada paciente quiere que se tengan en cuenta en los momentos finales de su vida adaptado al diagnóstico concreto que reciban.

En España ya hay registrados alrededor de 150.000 testamentos vitales, 24.290 de ellos en Andalucía, donde cada día se consulta tres veces este registro. Pero los médicos se encuentran con pacientes que no han presentado voluntad vital anticipada o, si la han hecho, esta se circunscribe al modelo estándar, que solo recoge preferencias generales y muchas veces firmado cuando la enfermedad era solo una hipótesis, por lo que a menudo resulta impreciso y no da respuesta a todas las dudas que se le plantean a los profesionales cuando están ante un enfermo terminal.

Un paso más hacia una muerte digna

En el año 2010, el Parlamento Andaluz aprobó la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte. La ley de muerte digna culminó una amplia deliberación política, social y profesional sobre la toma de decisiones alrededor de la muerte, en buena medida desencadenada por el caso de Inmaculada Echevarría. Pero es un debate que no cesa y que se aviva ante ejemplos como los de la propia Inmaculada, Ramona Estévez o Eluana Englaro, quienes han dado rostro a conflictos sin resolver entre la libertad individual y los condicionantes sociales sobre el morir.

La ley andaluza se ha acompañado de un despliegue de acciones: nuevas unidades de cuidados paliativos, más lugares donde hacer la declaración de voluntad vital, la incorporación de los registros a la historia clínica electrónica o la conformación de los comités de ética asistencial para todos los centros. Pero persisten grandes lagunas de conocimiento por parte de pacientes y profesionales, incertidumbres e inquietudes sobre las consecuencias de las decisiones; y actitudes pasivas, dilatorias o incluso de rechazo ante estas situaciones.

Unidos frente al tabaco: es tu salud y la de todos lo que está en juego

Que el consumo de tabaco es una de las causas principales de enfermedad y muerte, y que fumar es directamente responsable de la muerte de uno de cada diez adultos lo sabemos ya casi todos. Y para que no se nos olvide, la Asamblea Mundial de la Salud ya se ocupó de aprobar en mayo de 1987, con el apoyo explícito de la inmensa mayoría de países, incluyendo el nuestro, que el 31 de mayo de cada año, se celebre el día mundial sin tabaco. El objetivo no es otro sino señalar los riesgos que supone el consumo de tabaco para la salud y fomentar políticas eficaces de reducción de dicho consumo, ante esta epidemia de tabaquismo que mata a 5 millones de personas en el mundo cada año.

En España se ha avanzado mucho en este campo en la última década. Y esto debería ser orgullo para todos, Las medidas para el control del tabaquismo propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial en el año 2000 supusieron una fuente de inspiración para que en el 2003 se pusiera en marcha el Plan nacional de prevención y control del tabaquismo. A este siguieron las leyes de 2005 y 2010, aprobadas por amplio consenso de nuestros diputados, que actualmente regulan el consumo y la publicidad del tabaco en nuestro país y nos han convertido referente internacional.