El Salvador ofrece una salida legal para el embarazo inviable de Beatriz

Manifestación en México DF en apoyo a la salvadoreña Beatriz. / Henry Romero (Reu

El Gobierno de El Salvador abrió ayer por la tarde una puerta a la esperanza para Beatriz, la joven salvadoreña cuyo embarazo de un feto inviable pone en grave riesgo su vida. A pesar de la denegación de amparo del Constitucional salvadoreño, al que la mujer había recurrido para que se le permitiera abortar —una práctica prohibida en ese país—, el Ministerio de Salud cree que existen vías legales para que los médicos puedan intervenirla. “Vamos a preservar la vida de esta mujer a como dé lugar”, afirmó ayer la ministra de Salud de El Salvador, María Isabel Rodríguez, a EL PAÍS. Rodríguez explicó que el Constitucional deniega la petición de aborto por considerarlo contrario a su Carta Magna; pero que en el caso de que la salud de la mujer empeore y debido a que está ya en la semana 25 de gestación se le podría inducir un parto. “No estamos trabajando para la destrucción del feto, pero sus condiciones se han demostrado incompatibles con la vida”, incidió.

El Gobierno de Mauricio Funes trata de buscar una salida para el caso de la mujer que ha puesto la defensa de los derechos humanos de El Salvador en el punto de mira. Y ha encontrado sustento en el derecho internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió ayer a las autoridades del país que inicien “de manera urgente todas las medidas que sean necesarias y efectivas” para que los médicos puedan “evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables en la vida, integridad personal y salud” de la joven. La resolución de este órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no solo es vinculante; también es histórica: es la primera vez que se pronuncia sobre un caso de aborto, por lo que sienta un precedente muy relevante en la región. El dictamen, por tanto, es importante; pero lo es más la intención del Gobierno de dar amparo a Beatriz. Porque a pesar de que El Salvador debería acatar el dictamen de la Corte de la OEA, podría eludirlo y hacerlo inefectivo con solo dilatar los plazos.