Cada trayecto en ambulancia costará cinco euros

En función de la renta y en función de la duración de las patologías. Ambos criterios determinarán el copago en el transporte sanitario no urgente, según el borrador que el Ministerio y las Comunidades debatirán en el próximo Consejo Interterritorial del 20 de diciembre. Así, por ejemplo, los pacientes en hemodiálisis o quimioterapia deberán abonar un tope máximo de 20 euros al semestre. Para traslados puntuales (no urgentes), el trayecto en ambulancia costará cinco euros: mientras que las urgencias seguirán como hasta ahora, sin aportación del usuario.
Según confirman fuentes de Sanidad, el borrador preliminar sobre traslados en ambulancia contempla un tratamiento especial para los pacientes en "tratamientos periódicos superiores a seis meses" (como la diálisis), cuyos topes máximos se establecerán al semestre, y no al mes.
De esta manera, los pacientes con rentas inferiores a 18.000 euros deberán abonar un tope máximo de 10 euros al mes; aunque si están recibiendo uno de esos tratamientos crónicos, esta cantidad máxima será cada seis meses. Para las rentas de 18.000 a 100.000 euros, el tope máximo mensual (o semestral para los crónicos) será de 20 euros; y para quienes ganen más de 100.000, 60 euros.

Sin diferencias entre CCAA

En una nota de prensa difundida esta mañana, Sanidad ha querido aclarar que se ha establecido un precio homogéneo de cinco euros para todos los trayectos, para no penalizar a los pacientes que residan en áreas rurales o muy alejadas de un hospital. También defiende que la medida tiene como objetivo "unificar la aportación de los usuarios en toda España, con independencia de la CCAA donde residan".
Este borrador que regula el copago en el transporte sanitario no urgente, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, prevé un precio de cinco euros por trayecto para los traslados puntuales (otros cinco euros a la vuelta), como los que realizan los pacientes que por cualquier motivo no se puedan trasladar de su domicilio al centro de salud o viceversa. Se trata de un copago del 10% del trayecto (50 euros por viaje); del que sólo estarán exentos los menores de edad, los afectados por el síndrome tóxico, los discapacitados y las rentas de integración o parados sin prestación (y personas que requieran tratamiento derivado de un accidente laboral, en cuyo caso lo cubrirán las mutuas correspondientes).
De esta manera, Sanidad se decanta por el mismo modelo que previsiblemente afectará a las prótesis (10% para todos), en lugar de los tramos de aportación que rigen para los medicamentos con receta. En el caso del transporte urgente, el departamento que dirige Ana Mato subraya que "queda blindado y no tendrá ninguna aportación por parte del usuario".
Fuentes del ministerio han insistido en cualquier caso a este periódico que se trata de un texto preliminar que aún debe pasar por la comisión delegada antes de que se apruebe definitivamente en el Consejo Interterritorial el próximo 20 de diciembre. La nota ministerial tampoco aclara de momento cómo se gestionará el cobro del servicio.

Los pacientes lo lamentan

Uno de los colectivos más afectados por los traslados en ambulancia no urgentes, los pacientes en diálisis, han mostrado su malestar, porque consideran que existen otras muchas medidas de ahorro, que ellos mismos han propuesto al ministerio sin ser escuchados.
"Si todos los hospitales tuviesen programas educativos para fomentar las técnicas de diálisis domiciliarias o el trasplante renal de donante vivo, antes de tener que entrar en hemodiálisis, se ahorrarían 90 millones de euros", asegura Juan Carlos Julián, gerente de Alcer, la Federación de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón.
En el caso de estos pacientes, explica, el mayor problema suele ser el traslado de vuelta a su casa después de haber estado 'enganchado' a la máquina. "Por eso también le propusimos al ministerio incentivos para que el paciente pudiese hacer la ida por su cuenta, o acompañado por un familiar, como plazas de aparcamiento gratis en los hospitales. Ese tipo de medidas sería infinitamente más barata", asegura Julián.
También la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha pedido a Sanidad que protega a los pacientes en radioterapia y quimioterapia "por el riesgo vital que supondría dejar el tratamiento por no poder asumir el coste del transporte al centro sanitario. Que ninguna persona enferma de cáncer se plantee dejar el tratamiento oncológico por este motivo puesto que de ello depende su vida".
En una nota de prensa, la asociación admite que "está preocupada porque la actual coyuntura económica, y la puesta en marcha de medidas para afrontarla, afecten a los servicios que las personas enfermas de cáncer y sus familias han venido recibiendo desde la Sanidad Pública, Universal y Gratuita".