Los "sin papeles" deberán pagar
Los inmigrantes sin papeles que quieran recibir asistencia sanitaria pública tendrán que pagar "como mínimo" 711 euros al año si son menores de 65 años y 1.864 si superan esa edad.
Son las dos cantidades que establece el Convenio Especial de Atención Sanitaria para personas que no tienen la condición de aseguradas, apellido imprescindible para recibir asistencia desde que el Gobierno cambió.
El documento ha sido aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud, aunque las comunidades socialistas han vuelto a subrayar que seguirán prestando todo tipo de atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados.
Los dos precios de ese seguro ya se conocían, pero lo que no se sabía es que se trata de una cantidad mínima. Es decir, cada comunidad autónoma podrá suscribir ese convenio con la persona en cuestión a partir de esa cifra y subirla en función de los parámetros que considere oportunos. Nunca rebajarla.
El seguro no incluye descuento alguno en la adquisición de fármacos. O sea, deberán pagar el 100% del precio del medicamento.
La medida, que afecta también a los españoles que ganen más de 100.00 euros y no hayan cotizado nunca o a los extranjeros cuyo país no tenga convenio con España para pagar la asistencia que reciban aquí, la ha anunciado el consejero de Salud de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, al final del Consejo Interterritorial de Salud más insulso de la historia sanitaria patria.
Quizá por eso la ministra Ana Mato no haya comparecido ante los medios, una ausencia insólita. Fuentes del Ministerio dicen que también en una ocasión la entonces ministra Ana Pastor dejó de ofrecer una rueda de prensa tras un Consejo.
También Echániz ha hecho cálculos: "El nuevo mecanismo de financiación farmacéutica (se refiere al copago) ha ahorrado al sistema 40 millones de euros en dos meses. Es decir, se está produciendo un ahorro de un millón de euros al día. Y hemos detectado que la aportación media de los pensionistas nunca ha superado los cuatro euros".
Para la consejera andaluza y el consejero vasco, esas cuentas son "prematuras".
María Jesús Montero: "El impacto hay que calcularlo año a año. Es innegable que se ha producido una bajada en el número de recetas, pero ¿eso es bueno o malo? Pues depende. Económicamente es bueno, pero si se ha producido por los estratos sociales más desfavorecidos y los pensionistas han dejado de adquirir fármacos porque no los pueden pagar, puede pasar que dentro de un tiempo sufran efectos secundarios en enfermedades no sintomáticas y tengan que ser tratados en el sistema de salud especializado. Es decir, al final provocará más gasto".
Los inmigrantes sin papeles que quieran recibir asistencia sanitaria pública tendrán que pagar "como mínimo" 711 euros al año si son menores de 65 años y 1.864 si superan esa edad.
Son las dos cantidades que establece el Convenio Especial de Atención Sanitaria para personas que no tienen la condición de aseguradas, apellido imprescindible para recibir asistencia desde que el Gobierno cambió.
El documento ha sido aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud, aunque las comunidades socialistas han vuelto a subrayar que seguirán prestando todo tipo de atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados.
Los dos precios de ese seguro ya se conocían, pero lo que no se sabía es que se trata de una cantidad mínima. Es decir, cada comunidad autónoma podrá suscribir ese convenio con la persona en cuestión a partir de esa cifra y subirla en función de los parámetros que considere oportunos. Nunca rebajarla.
El seguro no incluye descuento alguno en la adquisición de fármacos. O sea, deberán pagar el 100% del precio del medicamento.
La medida, que afecta también a los españoles que ganen más de 100.00 euros y no hayan cotizado nunca o a los extranjeros cuyo país no tenga convenio con España para pagar la asistencia que reciban aquí, la ha anunciado el consejero de Salud de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, al final del Consejo Interterritorial de Salud más insulso de la historia sanitaria patria.
Un Consejo 'prescindible'
"Ha sido un Consejo prescindible. Podíamos haberlo hecho por videoconferencia", ha ilustrado en dos frases la consejera andaluza, María José Montero.Quizá por eso la ministra Ana Mato no haya comparecido ante los medios, una ausencia insólita. Fuentes del Ministerio dicen que también en una ocasión la entonces ministra Ana Pastor dejó de ofrecer una rueda de prensa tras un Consejo.
Cuánto dinero de menos
Se trataba de saber cuánto dinero de menos tendrán las comunidades para intentar ofrecer los mismos servicios. "A nosotros nos quitaron 80 millones el año pasado y ahora otros 40. Lo más grave está en los recortes para investigación", cuentan en al Consejería andaluza.También Echániz ha hecho cálculos: "El nuevo mecanismo de financiación farmacéutica (se refiere al copago) ha ahorrado al sistema 40 millones de euros en dos meses. Es decir, se está produciendo un ahorro de un millón de euros al día. Y hemos detectado que la aportación media de los pensionistas nunca ha superado los cuatro euros".
Para la consejera andaluza y el consejero vasco, esas cuentas son "prematuras".
María Jesús Montero: "El impacto hay que calcularlo año a año. Es innegable que se ha producido una bajada en el número de recetas, pero ¿eso es bueno o malo? Pues depende. Económicamente es bueno, pero si se ha producido por los estratos sociales más desfavorecidos y los pensionistas han dejado de adquirir fármacos porque no los pueden pagar, puede pasar que dentro de un tiempo sufran efectos secundarios en enfermedades no sintomáticas y tengan que ser tratados en el sistema de salud especializado. Es decir, al final provocará más gasto".
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